1.     REFERENCIA  HISTÓRICA.

La educación especial, lo mismo que la educación pública, en general, tiene una historia. Esta historia, como la de todo fenómeno social, se caracteriza por la serie de hechos más significativos y relevantes que la fueron constituyendo como un campo con sus propias peculiaridades. Su devenir en la historia de la educación pública tiene su génesis en el proceso de reforma que el gobierno de Juárez instauró en el México de la segunda mitad del Siglo XIX. Génesis que se fue configurando con visiones sobre la discapacidad o la anormalidad y que dieron pie a modelos educativos que van desde un enfoque asistencial hasta uno de carácter social, pasando por modelos clínico terapéuticos y que se tradujeron en orientaciones pedagógicas propias de cada una de estas perspectivas.

Originalmente los estudios se enfocaron en los déficits auditivos y visuales[1], con los que se consiguieron diferentes categorías estableciendo rubros amplios y detallados, en función de la etiología, establecimientos enfocados con el propósito de curar o corregir la situación deficitaria o patológica (modelo bio-médico) del enfermo. Posteriormente, el enfoque psicológico buscó adaptar las intervenciones a las particularidades del déficit diagnosticado y definido. Estos dos enfoques están basados en una concepción determinista del desarrollo, es decir: “Que todo desarrollo humano esta causalmente determinado por la irrompible causa- consecuencia”[2] auge que se logró ubicar entre los años 40 y 60. Época en la que se definió y forjó una modalidad de atención, hacía el carácter de segregación, que se caracteriza por brindar atención educativa a niños, niñas y jóvenes con discapacidad en centros y escuelas especiales, tristemente separadas de las escuelas regulares.

Desafortunadamente, como cita Seamus Hegarty[3]  quien sustenta que al  menos uno de cada diez niños nace con una discapacidad, o la adquiere posteriormente debido a falta de cuidados apropiados durante el desarrollo pre-natal o infantil y/o  problemas hereditarios de los padres. Asimismo, alrededor del 80% de los 200 millones de niños del mundo que sufren discapacidades viven en países en desarrollo; muy pocos de ellos reciben una atención sanitaria y una educación adecuada, por sólo un 2% que recibe algún servicios de tipo especial.[4]

La historia de la educación especial en México se remonta al Gobierno de Benito Juárez con la creación de la Escuela Nacional para Sordomudos en el año de 1867 y la instauración de la Escuela Nacional para ciegos en 1870, según datos que refiere Guadalupe Santos[5]

Más tarde, entre 1910 y 1935 se crearon diversas instituciones especializadas, con ayuda del Instituto Médico Pedagógico, años en los que también sobresalió la primera Escuela Normal de Especialización dedicada a la formación de los maestros para las anormalidades. Entre los precursores de este modelo se encuentran el Dr. José de Jesús González, oftalmólogo; el Dr. Rafael Santamarina Solá, y el Profesor Salvador M. Lima; quienes dirigían una nueva educación a favor de los niños con lento aprendizaje. Todos ellos formaron parte fundamental en la historia  Educación Especial tanto en el Distrito Federal como en los estados y algunos países de Latinoamérica^.

A fines de 1970, por decreto presidencial, se creó la Dirección General de Educación Especial con la finalidad de organizar, dirigir, desarrollar, administrar y vigilar el sistema federal de educación especial, ligada con la formación de maestros especialistas. A partir de entonces, el servicio de educación especial prestó atención a personas con deficiencia mental, trastornos de audición y lenguaje,  con impedimentos motores y con  trastornos visuales, con un enfoque psicológico que privilegió la medida de la inteligencia (el coeficiente intelectual) con aplicación de pruebas estandarizadas.

Durante la década de los ochenta, los servicios de educación especial se clasificaron  en dos modalidades: los llamados servicios indispensables y los denominados servicios complementarios. Los servicios de carácter indispensable, constituidos por los Centros de Intervención Temprana se ayudaban de Escuelas de Educación Especial y Centros de Capacitación de Educación Especial, por lo que su funcionamiento se basó en espacios específicos y separados o paralelos a la educación regular.  En cuanto a los servicios complementarios se crearon los Centros Psicopedagógicos, en los que se  daba  atención a los niños inscritos en educación básica, pero que presentan problemas de aprendizaje, conducta y lenguaje. Este modelo privilegió un enfoque más propiamente educativo mediante la intervención psicopedagógica sustentado en una visión psicogenética del desarrollo infantil.

Es a partir de los años 80 cuando fue creado el programa: Grupos Integrados,  para niños con problemas de aprendizaje algunos asociados a deficiencia mental  leve y otras discapacidades que atendían a alumnos con problemas de reprobación en el primer grado  de educación primaria.  Con ello se logró ampliar la cobertura de educación especial, debido a que se permitió  trabajar este programa en las escuelas primarias regulares. Dicho programa se convirtió, más tarde, en la actual Unidad de Servicios de Apoyo a la Educación Regular (USAER) como se les conoce actualmente y fue con ella cuando se comenzó a trabajar un enfoque basado en la integración.

 El desarrollo de las tecnologías, la comunicación e información,  crearon  nuevos proyectos tecnológicos relacionados con la educación.  El sistema educacional impartido por la Secretaria de Educación Pública  ( SEP),  a través del Instituto Mexicano de la Comunicación Educativa ( ILCE),  promovió y apoyó, por años, programas educativos como: Edusat y Sepiensa, por mencionar solo algunos. En cuanto a las  características de dichos programas se puede mencionar que  el  coadyuvaron a la operación de la llamada  Red Edusat desde el año1995.  Con base en un convenio de cooperación suscrito con la Secretaría de Educación Pública y el ILCE.  Esta participación ha estado vinculada con los distintos niveles educativos, la formación y la actualización docente, los programas de educación a distancia y el uso de tecnologías de información y comunicación, así como de educación no formal y para la capacitación de servidores públicos.

En la década de los noventa se manifestó un suceso importante. Al  promulgarse en 1993, la Ley General de Educación, se estableció,  en su artículo 41 que: 

“La educación especial propiciará  la integración de los alumnos con discapacidad a los planteles de educación regular mediante la aplicación de métodos, técnicas y materiales específicos[6].  

Además de establecer que la educación especial procurará la satisfacción de las necesidades básicas del aprendizaje para la autónoma convivencia  social y productiva mediante  programas y materiales de apoyo específicos, de aquellos alumnos con discapacidad que no se integren a las escuelas de educación regular^.

La situación de los servicios correspondientes a la educación especial y su funcionamiento ante el proceso de integración educativa en el país, se llevó a cabo con el apoyo del  Programa Nacional de Fortalecimiento de la Educación Especial y de la Integración Educativa implementado en el país desde  el  año 2002 hasta el 2015 cuando este programa pasó a denominarse Programa  para la Inclusión Educativa (PIE)[7]  Este Programa se elaboró conjuntamente entre la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Oficina de Representación para la Promoción e Integración Social para Personas con Discapacidad de la Presidencia de la República, con la participación de las entidades federativas y representantes de distintas organizaciones de la sociedad civil. El objetivo de este Programa es garantizar una atención educativa de calidad a los niños, las niñas y los jóvenes con necesidades educativas especiales, otorgando prioridad a los que presentan alguna discapacidad.

El  enfoque inclusivo, vigente en las políticas sociales actuales  tiene su origen en Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 13 de diciembre del año 2006. Sustentado en un enfoque de Derechos Humanos, esta acción política inaugura en modelo inclusivo destinado a “promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad, de los derechos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad y el respeto a su dignidad inherente”[8]. Sostiene que la discapacidad es el resultado de la suma entre la deficiencia y las barreras del entorno. Sustentado en este modelo, el Estado mexicano diseñó para la educación de los mexicanos un modelo educativo orientado a favorecer la inclusión para atender la diversidad de la población, argumentando que: “La educación es un derecho fundamental y una estrategia para ampliar las oportunidades, instrumentar las relaciones interculturales, reducir las desigualdades entre grupos sociales, cerrar brechas e impulsar la equidad.”[9]

En el proceso de la historia, la atención de las personas con discapacidad ha transitado por distintos modelos. Desde el modelo asistencial y filantrópico, pasando por uno de carácter clínico-terapéutico, otro psicológico, hasta llegar a un foque social integrador, primero e inclusivo actualmente, que busca responder a las necesidades de esta minoría más numerosa que convive en sociedad.